LA CRIMINALIZACION DEL PENSAMIENTO

La represión violenta tiene hoy en día mala prensa, y tan solo prevalece como ultima ratio del poder. La población ya no acepta torturas, ejecuciones públicas o deportaciones como usos comunes de los poderes económicos, sociales y políticos. Sin embargo, también hoy  el orden sistémico disfruta de una legitimidad sin parangón, que se difunde por todos los estratos sociales, en la forma de una aceptación  acrítica de sus mecanismos de dominación.
 La servidumbre voluntaria retorna con virulencia, y se expresa de dos maneras. Por un lado, con la victoria del social-conformismo, que nos acerca cada día más a la distopía de Huxley, ese mundo feliz sin aristas en el que los hombres tan solo anhelan su propio goce individual. Por otro, con el lenguaje neoliberal del empoderamiento, según el cual son los individuos los responsables únicos de su propia vida, de sus éxitos como de sus fracasos, en un mundo que no tiene otra lógica que la de la competencia. Marcos Roitman denuncia en este ensayo que semejante servidumbre conduce, hoy exactamente igual que ayer, y a pesar de las apariencias en sentido contrario, a que por doquier se criminalice el pensamiento, entendido este como acto subversivo que critica el statu quo y trata de revertirlo en un orden justo y democrático.
 
 Marcos Roitman Rosenmann (Santiago de Chile, 1955) es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia como profesor titular en las materias de Estructura social contemporánea y Estructura social de España. Profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en diferentes universidades de América Latina, es director de la Cátedra de América. Columnista de los periódicos La Jornada y Clarín, entre sus obras destacan El pensamiento sistémico. Los orígenes del socialconformismo (Siglo XXI, 2003), Las razones de la democracia en América Latina (Siglo XXI, 2005), Democracia sin demócratas (Sequitur,  2008) y Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina (Akal, 2013).